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PRENSA AFCOOP.- En un fallo trascendental para la estabilidad del sector cooperativo, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz denegó la tutela y declaró la “improcedencia” de un recurso de Amparo Constitucional que pretendía dejar sin efecto la Resolución Administrativa (RA) N° 442/2026, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Cooperativas (AFCOOP).

La mencionada Resolución Administrativa tiene como firme propósito restablecer la gobernabilidad, la transparencia institucional y la correcta administración de la Cooperativa de servicios de Agua Potable y Alcantarillado “PLAN TRES MIL” (COOPLAN R.L.), protegiendo así el derecho de los asociados a recibir servicios básicos de calidad bajo un modelo de gestión eficiente y legal.

Los demandantes buscaban frenar las facultades de fiscalización de la AFCOOP; sin embargo, tras un riguroso análisis legal, los vocales de la Sala Constitucional determinaron que los argumentos de la parte accionante carecían de fundamento jurídico y constitucional, ratificando la legalidad de los actos de la entidad reguladora.

Coincidiendo con este respaldo judicial, la AFCOOP publicó hoy de manera oficial el Comunicado AFCOOP/DCF/DGE-N°7/2026. Este documento oficial señala de forma categórica que todas las cooperativas de servicios públicos están sujetas a la regulación del Estado, reafirmando que la Resolución Administrativa N°442/2026 se encuentra plenamente vigente y es de cumplimiento obligatorio.

El comunicado emitido reafirma que todo acto, asamblea, determinación o medida que pretenda contraponerse a dicha resolución regulatoria será declarada nula de pleno derecho, careciendo de cualquier validez legal para el sistema cooperativo boliviano.

Ante estos acontecimientos, las autoridades de la AFCOOP manifestaron que la institución actuará firmemente conforme a Ley, aplicando los mecanismos normativos vigentes para garantizar que ninguna cooperativa de servicios públicos opere al margen de la regularidad institucional o vulnere los derechos de sus socios. Con esto, se consolida el rol del Estado en la supervisión de los servicios públicos esenciales.